20.9.06
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) también dice NO al TLC
ANALISIS DE DIVERSOS ASPECTOS DEL TLC (ITCR)
III. Conclusiones y Acuerdos
Con base en el análisis precedente, el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico concluye que:
El TLC no es un mero tratado de libre comercio, pues involucra aspectos no directamente relacionados con la actividad comercial. El TLC tiene como propósito institucionalizar un conjunto de mecanismos jurídicos, políticos y económicos de los cuales no podríamos salirnos sin grave perjuicio para nuestro país . Esto significa que, una vez ratificado el TLC, la posibilidad de definir y desarrollar nuestra propia estrategia de desarrollo económico y social se torna prácticamente nula.
El TLC responde a la estrategia de Estados Unidos de América de promover tratados bilaterales, con el fin de lograr negociaciones con mayores ventajas para avanzar en los objetivos que no ha logrado aún en el ámbito multilateral en temas como la adopción de compromisos de materia de propiedad intelectual y de inversiones que están aún en discusión en foros internacionales, a fin de favorecer los intereses y proyectos estadounidenses, a la vez que reducir los márgenes de maniobra y direccionalidad para economías pequeñas y su posibilidad de fortalecerse en el ámbito multilateral.
Con el TLC, los Estados Unidos se garantizan condiciones favorables e incluso el mejoramiento de las ya existentes , para la expansión de empresas que ya son de alta competitividad. Para Costa Rica solo supone que la competencia con productos internacionales mejorará la competitividad de las empresas locales como un resultado mecánico del TLC, sin que nada garantice o asegure dicha hipótesis.
El TLC pone a Costa Rica en un marco normativo homogéneo junto con todos los países de la región, reduciendo la posibilidad de formular políticas de desarrollo diferentes como las que históricamente han permitido construir, en conjunto con otros factores, sus particulares diferencias, debido al compromiso que el país adquiere de realizar cambios institucionales sustantivos. Unido a esto, si bien el TLC establece mecanismos de cooperación con otros países centroamericanos, para Costa Rica no incluye un programa, mecanismos ni recursos para ese fin, existentes en otros acuerdos de integración y libre comercio, para enfrentar las asimetrías evidentes.
El proceso decisorio del TLC se ha caracterizado por mecanismos que obstaculizan la participación de los diversos sectores afectados, ya que existió reserva de información y falta de control político sobre los negociadores. Por otra parte, el enfoque en que se ha planteado la ratificación legislativa no presenta opciones de diálogo y negociación , en la medida en que sólo deja espacio final para aprobarlo o rechazarlo, sin posibilidad alguna de introducir modificaciones o de renegociación bilateral.
El resultado más importante del TLC para Costa Rica es en materia arancelaria ya que consolida el acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos y la ampliación de otros productos no incluidos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, lo cual significa oportunidades específicas para sectores ligados a los procesos de exportación e inversión extranjera directa (IED). No obstante, la apertura propiciada por el TLC podría significar contracciones y desaparición de actividades productivas y por lo tanto de empleos existentes, siendo el sector de los pequeños y medianos agricultores uno de los más vulnerables.
El TLC establece como obligación fundamental de las partes contratantes la obediencia a la legislación ambiental nacional vigente, pero solo permite la modificación de la misma si es para mejorar la protección o las prerrogativas de la actividad comercial vinculada al ambiente , mas no la propia protección del mismo.
En las telecomunicaciones , el TLC desata nuevas fuerzas que estimulan un mayor desarrollo en el tema, pero que también desequilibran el esquema social de universalidad y solidaridad en los servicios que hasta la fecha han sido posibles debido al control ejercido por el monopolio estatal, el cual esta en serio riesgo si el Tratado es ratificado sin que exista un acuerdo en la Asamblea Legislativa para el texto de la Ley de Fortalecimiento del ICE y un Proyecto de Ley Marco del ICE . Esto imposibilita una sana adecuación del ICE a las nuevas condiciones de la apertura, ya que el tratado establece una serie de plazos para la aprobación de la legislación correspondiente, tan perentorios, que hacen que dicha adaptación no se realice con la gradualidad requerida.
Las supuestas ventajas del TLC, derivadas del modelo de apertura, atracción de inversiones, liberalización y diversificación de la producción y vinculadas a resultados macroeconómicos y sectoriales, se vienen experimentando en nuestro país desde la implementación de los Programas de Ajuste Estructural . Este modelo, sin embargo, ha facilitado la concentración de la riqueza , la desigualdad social , el aumento de la brecha socioeconómica . Con este antecedente, es razonable pensar que la eventual ratificación del TLC profundizará esta situación en que los ganadores seguirán ganando y los perdedores seguirán perdiendo, ambos de manera creciente.
De previo a la eventual ratificación del TLC, es necesario reformular la llamada “agenda complementaria”, a fin de que esta sea realmente una Agenda Nacional que promueva, a nivel interno, las condiciones que permitan mejorar la competitividad de nuestras empresas, así como resguardar y mejorar nuestros indicadores sociales. En lo que respecta al TLC, tal Agenda debe tomar en cuenta lo siguiente:
En términos de estructura productiva y de generación de empleos el país no debería depositar todas sus energías en la promoción de exportaciones y atracción de IDE . La producción para el mercado interno merece una intención y energía equivalentes , sino superiores , si se quiere lograr un crecimiento económico que propicie también el desarrollo humano sostenible.
Revisión y fortalecimiento de la normativa legal y marco institucional relacionadas al tema ambiental , que permita la resolución de los problemas ya existentes, principalmente en los temas de contaminación y de impactos directos sobre el ambiente por actividades comerciales, industriales y de desarrollos residenciales.
El sector agrícola compuesto por los pequeños y medianos agricultores esta urgido de acciones políticas claras que incluyan transferencia de tecnología, mejores condiciones de educación y capacitación, acceso a créditos y apoyo de una infraestructura vial y de servicios entre otras muchas condiciones que actualmente son casi inexistentes, para evitar que la apertura propiciada por el TLC los haga sucumbir.
Es indispensable fortalecer la capacidad del Estado para la vigilancia activa del cumplimiento de la legislación laboral de Costa Rica, para que los compromisos laborales establecidos por el TLC sean atendidos con la responsabilidad requerida. Sin embargo, los señores diputados/as deben tener claro que ratificar el TLC tal como está actualmente el proyecto, es condenar nuestra legislación laboral y ambiental al estancamiento y gradual desaparición.
Se debe dar un seguimiento cuidadoso y permanente a los precios de los agroquímicos y los medicamentos para prever y controlar su evidente alza desmesurada, lo cual debe ir de la mano con un mejoramiento de la capacidad jurídica especializada en propiedad intelectual que le otorgue al país la capacidad de gestión de los complejos asuntos que en este campo se enfrentarán, independientemente de si se ratifica o no el TLC.
Con el fin de salvaguardar los principales elementos de universalidad y solidaridad que la dinámica del libre mercado no contiene por sí misma en el tema de las Telecomunicaciones , las cuáles fueron contempladas en la negociación sobre el tema otorgando normas especiales al país, se hace indispensable el fortalecimiento del ICE dentro de un nuevo marco jurídico y la creación urgente de una autoridad reguladora.
. Los procesos de globalización tienen aspectos positivos y negativos y estamos conscientes de la necesidad de integrarse a tales procesos, pero jamás podríamos apoyar procesos de globalización como el que busca el actual TLC-CARD-USA , con evidentes e inmensos vacíos éticos , donde el éxito se mide en función del comercio y del enriquecimiento de grupos o personas, siendo los valores del mercado los que determinan las normas de comportamiento. Creemos en la globalización del conocimiento, de la cooperación, de los valores y de los recursos, una globalización que promueva un modelo de desarrollo inclusivo, solidario, equitativo y sostenible.
Nos preocupan principalmente los jóvenes, las mujeres, las y los agricultores y las futuras generaciones, ya que ellos serán los que sufran las consecuencias de este Tratado, cuyo enfoque mercantilista deja de lado los valores fundamentales sobre los que se sustentan la convivencia y la armonía social
CONSEJO INSTITUCIONAL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
III. Conclusiones y Acuerdos
Con base en el análisis precedente, el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico concluye que:
El TLC no es un mero tratado de libre comercio, pues involucra aspectos no directamente relacionados con la actividad comercial. El TLC tiene como propósito institucionalizar un conjunto de mecanismos jurídicos, políticos y económicos de los cuales no podríamos salirnos sin grave perjuicio para nuestro país . Esto significa que, una vez ratificado el TLC, la posibilidad de definir y desarrollar nuestra propia estrategia de desarrollo económico y social se torna prácticamente nula.
El TLC responde a la estrategia de Estados Unidos de América de promover tratados bilaterales, con el fin de lograr negociaciones con mayores ventajas para avanzar en los objetivos que no ha logrado aún en el ámbito multilateral en temas como la adopción de compromisos de materia de propiedad intelectual y de inversiones que están aún en discusión en foros internacionales, a fin de favorecer los intereses y proyectos estadounidenses, a la vez que reducir los márgenes de maniobra y direccionalidad para economías pequeñas y su posibilidad de fortalecerse en el ámbito multilateral.
Con el TLC, los Estados Unidos se garantizan condiciones favorables e incluso el mejoramiento de las ya existentes , para la expansión de empresas que ya son de alta competitividad. Para Costa Rica solo supone que la competencia con productos internacionales mejorará la competitividad de las empresas locales como un resultado mecánico del TLC, sin que nada garantice o asegure dicha hipótesis.
El TLC pone a Costa Rica en un marco normativo homogéneo junto con todos los países de la región, reduciendo la posibilidad de formular políticas de desarrollo diferentes como las que históricamente han permitido construir, en conjunto con otros factores, sus particulares diferencias, debido al compromiso que el país adquiere de realizar cambios institucionales sustantivos. Unido a esto, si bien el TLC establece mecanismos de cooperación con otros países centroamericanos, para Costa Rica no incluye un programa, mecanismos ni recursos para ese fin, existentes en otros acuerdos de integración y libre comercio, para enfrentar las asimetrías evidentes.
El proceso decisorio del TLC se ha caracterizado por mecanismos que obstaculizan la participación de los diversos sectores afectados, ya que existió reserva de información y falta de control político sobre los negociadores. Por otra parte, el enfoque en que se ha planteado la ratificación legislativa no presenta opciones de diálogo y negociación , en la medida en que sólo deja espacio final para aprobarlo o rechazarlo, sin posibilidad alguna de introducir modificaciones o de renegociación bilateral.
El resultado más importante del TLC para Costa Rica es en materia arancelaria ya que consolida el acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos y la ampliación de otros productos no incluidos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, lo cual significa oportunidades específicas para sectores ligados a los procesos de exportación e inversión extranjera directa (IED). No obstante, la apertura propiciada por el TLC podría significar contracciones y desaparición de actividades productivas y por lo tanto de empleos existentes, siendo el sector de los pequeños y medianos agricultores uno de los más vulnerables.
El TLC establece como obligación fundamental de las partes contratantes la obediencia a la legislación ambiental nacional vigente, pero solo permite la modificación de la misma si es para mejorar la protección o las prerrogativas de la actividad comercial vinculada al ambiente , mas no la propia protección del mismo.
En las telecomunicaciones , el TLC desata nuevas fuerzas que estimulan un mayor desarrollo en el tema, pero que también desequilibran el esquema social de universalidad y solidaridad en los servicios que hasta la fecha han sido posibles debido al control ejercido por el monopolio estatal, el cual esta en serio riesgo si el Tratado es ratificado sin que exista un acuerdo en la Asamblea Legislativa para el texto de la Ley de Fortalecimiento del ICE y un Proyecto de Ley Marco del ICE . Esto imposibilita una sana adecuación del ICE a las nuevas condiciones de la apertura, ya que el tratado establece una serie de plazos para la aprobación de la legislación correspondiente, tan perentorios, que hacen que dicha adaptación no se realice con la gradualidad requerida.
Las supuestas ventajas del TLC, derivadas del modelo de apertura, atracción de inversiones, liberalización y diversificación de la producción y vinculadas a resultados macroeconómicos y sectoriales, se vienen experimentando en nuestro país desde la implementación de los Programas de Ajuste Estructural . Este modelo, sin embargo, ha facilitado la concentración de la riqueza , la desigualdad social , el aumento de la brecha socioeconómica . Con este antecedente, es razonable pensar que la eventual ratificación del TLC profundizará esta situación en que los ganadores seguirán ganando y los perdedores seguirán perdiendo, ambos de manera creciente.
De previo a la eventual ratificación del TLC, es necesario reformular la llamada “agenda complementaria”, a fin de que esta sea realmente una Agenda Nacional que promueva, a nivel interno, las condiciones que permitan mejorar la competitividad de nuestras empresas, así como resguardar y mejorar nuestros indicadores sociales. En lo que respecta al TLC, tal Agenda debe tomar en cuenta lo siguiente:
En términos de estructura productiva y de generación de empleos el país no debería depositar todas sus energías en la promoción de exportaciones y atracción de IDE . La producción para el mercado interno merece una intención y energía equivalentes , sino superiores , si se quiere lograr un crecimiento económico que propicie también el desarrollo humano sostenible.
Revisión y fortalecimiento de la normativa legal y marco institucional relacionadas al tema ambiental , que permita la resolución de los problemas ya existentes, principalmente en los temas de contaminación y de impactos directos sobre el ambiente por actividades comerciales, industriales y de desarrollos residenciales.
El sector agrícola compuesto por los pequeños y medianos agricultores esta urgido de acciones políticas claras que incluyan transferencia de tecnología, mejores condiciones de educación y capacitación, acceso a créditos y apoyo de una infraestructura vial y de servicios entre otras muchas condiciones que actualmente son casi inexistentes, para evitar que la apertura propiciada por el TLC los haga sucumbir.
Es indispensable fortalecer la capacidad del Estado para la vigilancia activa del cumplimiento de la legislación laboral de Costa Rica, para que los compromisos laborales establecidos por el TLC sean atendidos con la responsabilidad requerida. Sin embargo, los señores diputados/as deben tener claro que ratificar el TLC tal como está actualmente el proyecto, es condenar nuestra legislación laboral y ambiental al estancamiento y gradual desaparición.
Se debe dar un seguimiento cuidadoso y permanente a los precios de los agroquímicos y los medicamentos para prever y controlar su evidente alza desmesurada, lo cual debe ir de la mano con un mejoramiento de la capacidad jurídica especializada en propiedad intelectual que le otorgue al país la capacidad de gestión de los complejos asuntos que en este campo se enfrentarán, independientemente de si se ratifica o no el TLC.
Con el fin de salvaguardar los principales elementos de universalidad y solidaridad que la dinámica del libre mercado no contiene por sí misma en el tema de las Telecomunicaciones , las cuáles fueron contempladas en la negociación sobre el tema otorgando normas especiales al país, se hace indispensable el fortalecimiento del ICE dentro de un nuevo marco jurídico y la creación urgente de una autoridad reguladora.
. Los procesos de globalización tienen aspectos positivos y negativos y estamos conscientes de la necesidad de integrarse a tales procesos, pero jamás podríamos apoyar procesos de globalización como el que busca el actual TLC-CARD-USA , con evidentes e inmensos vacíos éticos , donde el éxito se mide en función del comercio y del enriquecimiento de grupos o personas, siendo los valores del mercado los que determinan las normas de comportamiento. Creemos en la globalización del conocimiento, de la cooperación, de los valores y de los recursos, una globalización que promueva un modelo de desarrollo inclusivo, solidario, equitativo y sostenible.
Nos preocupan principalmente los jóvenes, las mujeres, las y los agricultores y las futuras generaciones, ya que ellos serán los que sufran las consecuencias de este Tratado, cuyo enfoque mercantilista deja de lado los valores fundamentales sobre los que se sustentan la convivencia y la armonía social
CONSEJO INSTITUCIONAL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
11.9.06
TLC no tendría validez en territorios indígenas si no se consulta primero
Diputados pro TLC rechazan consulta indígena
JAVIER CÓRDOBA MORALES
redactor
Los indígenas han expresado ante la Asamblea Legislativa en oportunidades anteriores la potestad que les da la ley de ser consultados ante proyectos les afectan como pueblo.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales que dan todo su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos negaron a los pueblos indígenas el derecho a opinar sobre este acuerdo, tal y como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Luego de darle varias largas al asunto y a pesar de contar con un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, donde se explicaba la obligatoriedad de la consulta, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y Movimiento Libertario (ML) impusieron su mayoría y desestimaron la consulta.
La moción presentada por el diputado José Merino del Frente Amplio, fue votada en contra por los liberacionistas Janina del Vecchio, Fernando Sánchez, Federico Tinoco, Mayi Antillón, y la libertaria Evita Arguedas; mientras que Elizabeth Fonseca, Francisco Molina y Ronald Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC), votaron a favor.
Representantes indígenas y especialistas en el tema mostraron su desacuerdo con la decisión, al tiempo que manifestaron optimismo, puesto que ello significaría la impugnación del proceso de aprobación del TLC, o al menos, la no aplicación del tratado en los territorios indígenas.
MAYORÍA MECÁNICA
Para justificar su voto, la diputada y presidenta de la comisión, Janina del Vecchio, dio lectura a una serie de puntos de los por qué no debe realizarse la consulta, entre ellos el que los indígenas no cultiven con semillas modificadas, que no serán movilizados de sus tierras y que la titularidad de los recursos se mantiene en el Estado costarricense.
"En este sentido, tanto el derecho de los indígenas a controlar su conocimiento tradicional, a participar de sus beneficios y usos, el derecho de autodeterminaci/ón, el derecho consuetudinario a la utilización de los recursos biológicos, el derecho consuetudinario y derechos comunitarios sui géneris no se verán afectados en ningún extremo por el TLC", detalló la diputada a la comisión.
El legislador José Merino criticó fuertemente el accionar "mecánico" de los partidos que apoyan el TLC, debido a que considera que evitaron la consulta a toda costa, valiéndose de opiniones ajenas al tema como las del abogado Rubén Hernández y el Ministerio de Comercio Exterior.
"Estoy convencido de que es una consulta obligatoria que lamentablemente la mayoría mecánica de esa comisión no la aceptó, valiéndose de peticiones hechas a algunos llamados "especialistas" que trataron de justificar jurídicamente por qué esa consulta no era necesaria, pero lo dicho por la gente que conoce bien el tema, además del dictamen del Departamento de Servicios Técnicos, constituía razones suficientes para que esa consulta a las comunidades indígenas se hiciera", comentó Merino. Evita Arguedas, diputada del Movimiento Libertario, negó la necesidad de la consulta pues considera que ya se ha informado suficientemente a la población sobre el TLC, y este además no afectaría a los indígenas."Este tratado en sí no es que afecte o no afecte a un sector, simple y sencillamente es un tratado de libre comercio, es un instrumento comercial en el nivel mundial utilizado y que el país puede sacarle punta siempre y cuando el país haga lo que debe hacer en agenda de desarrollo y en competitividad", explicó Arguedas.
FALTA DE RESPETO
A pesar de los desacuerdos que muestran en otros temas (ver nota aparte), los líderes indígenas mostraron su molestia e indignación ante la decisión de los legisladores de obviar la obligación que tiene Costa Rica desde que ratificó el Convenio 169 en 1992. A pesar de los argumentos de los diputados, los diferentes líderes indígenas mostraron su molestia por el rechazo a la consulta, pues consideran que el TLC sí afecta sus vidas y territorios. El presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Genaro Gutiérrez, comentó que con esta resolución, la Comisión de Internacionales no solo ignoró los derechos indígenas, sino también faltó el respeto a su pueblo."No puede ser que un TLC vaya a pasar y cuando nos dimos cuenta nos vendieron todo", dijo Gutiérrez. Odir Blanco, director ejecutivo de la CONAI, calificó de "falso" el argumento de los diputados referente a que la consulta del TLC a los indígenas, no era necesaria, ya que este no los afectaría. "Es falso, los que dicen eso son personas ignorantes, no conocen la tradición, la cultura indígena y mucho menos las leyes. El TLC debe llevarse a las comunidades indígenas", expresó Blanco. Geiner Blanco, representante de la Mesa Nacional Indígena, aseguró que la Asamblea Legislativa se contradice, ya que ha sometido a consulta el proyecto de "Ley de Desarrollo Autónomo" y el mismo criterio debería utilizar en cuanto al TLC. El representante de la mesa dijo que habrá consecuencias para los pueblos indígenas y por tanto deberá consultarse en un proceso similar a la consulta sobre el proyecto de ley, explicó. "Sabemos que aquí hay intereses muchísimo más fuertes, pero la Asamblea no puede desdecirse del hecho de consultar el TLC, puesto que la línea argumental puede ser la misma, hay una afectación directa", sentenció.
SIN CONSULTA, NO VALE
Cristina Zeledón y Javier Rodríguez, del Programa Indígena del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) dijeron a UNIVERSIDAD que existe obligatoriedad legal de la consulta a los pueblos indígenas.
"Obviamente el TLC les afecta y cualquier cosa que afecte a los pueblos indígenas, , tendría que ser consultado, según el 169. Ahora, ¿qué toca a los pueblos indígenas?. Lo que tienen que hacer es meter un recurso contra esa decisión, pero ya eso es una cuestión que entraría en un proceso jurídico", comentó Zeledón.
Según Javier Rodríguez, existen antecedentes de proyectos y licitaciones internacionales que fueron anuladas por la Sala Constitucional por la no consulta a los pueblos indígenas.
"Hay antecedentes como la ley de explotación petrolera en la zona atlántica, donde la falta de consulta a esa población, invalidó una licitación internacional. O sea, exactamente por los mismos criterios que incluye este TLC, la Sala Constitucional lo anuló", explicó Rodríguez.
Rubén Chacón, especialista en derecho indígena del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), es del criterio de que si bien el TLC no dice nada concreto sobre los pueblos indígenas, estos se verán afectados por los efectos colaterales, y por tanto, habría que esperar a que se presenten acciones concretas para impugnar el tratado.
Aunque considera que legalmente la consulta es obligatoria, Chacón indicó que existe un lado positivo, ya que si no se hace la consulta, el TLC no puede tener efecto alguno dentro de los territorios indígenas."El decidir que no hace la consulta es casi liberar a los territorios indígenas de la aplicación de cualquier efecto directo...Los indígenas tienen más herramientas jurídicas para detener actividades productivas en sus tierras que nosotros en nuestros barrios", comentó Chacón.
El abogado insistió en que la Comisión de Asuntos Internacionales debería poner un pie de página al TLC, donde se señale que en los territorios indígenas existe una normativa específica que podría contradecir los términos del tratado.
Sin embargo, el jurista aclaró que no deben hacerse muchas ilusiones en cuanto a que el TLC no afecte a los indígenas, ya que para esto se requiere de un sistema jurídico solvente, y en el caso de los primeros pobladores, el sistema costarricense ha demostrado todas sus ineficiencias.
JAVIER CÓRDOBA MORALES
redactor
Los indígenas han expresado ante la Asamblea Legislativa en oportunidades anteriores la potestad que les da la ley de ser consultados ante proyectos les afectan como pueblo.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales que dan todo su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos negaron a los pueblos indígenas el derecho a opinar sobre este acuerdo, tal y como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Luego de darle varias largas al asunto y a pesar de contar con un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, donde se explicaba la obligatoriedad de la consulta, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y Movimiento Libertario (ML) impusieron su mayoría y desestimaron la consulta.
La moción presentada por el diputado José Merino del Frente Amplio, fue votada en contra por los liberacionistas Janina del Vecchio, Fernando Sánchez, Federico Tinoco, Mayi Antillón, y la libertaria Evita Arguedas; mientras que Elizabeth Fonseca, Francisco Molina y Ronald Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC), votaron a favor.
Representantes indígenas y especialistas en el tema mostraron su desacuerdo con la decisión, al tiempo que manifestaron optimismo, puesto que ello significaría la impugnación del proceso de aprobación del TLC, o al menos, la no aplicación del tratado en los territorios indígenas.
MAYORÍA MECÁNICA
Para justificar su voto, la diputada y presidenta de la comisión, Janina del Vecchio, dio lectura a una serie de puntos de los por qué no debe realizarse la consulta, entre ellos el que los indígenas no cultiven con semillas modificadas, que no serán movilizados de sus tierras y que la titularidad de los recursos se mantiene en el Estado costarricense.
"En este sentido, tanto el derecho de los indígenas a controlar su conocimiento tradicional, a participar de sus beneficios y usos, el derecho de autodeterminaci/ón, el derecho consuetudinario a la utilización de los recursos biológicos, el derecho consuetudinario y derechos comunitarios sui géneris no se verán afectados en ningún extremo por el TLC", detalló la diputada a la comisión.
El legislador José Merino criticó fuertemente el accionar "mecánico" de los partidos que apoyan el TLC, debido a que considera que evitaron la consulta a toda costa, valiéndose de opiniones ajenas al tema como las del abogado Rubén Hernández y el Ministerio de Comercio Exterior.
"Estoy convencido de que es una consulta obligatoria que lamentablemente la mayoría mecánica de esa comisión no la aceptó, valiéndose de peticiones hechas a algunos llamados "especialistas" que trataron de justificar jurídicamente por qué esa consulta no era necesaria, pero lo dicho por la gente que conoce bien el tema, además del dictamen del Departamento de Servicios Técnicos, constituía razones suficientes para que esa consulta a las comunidades indígenas se hiciera", comentó Merino. Evita Arguedas, diputada del Movimiento Libertario, negó la necesidad de la consulta pues considera que ya se ha informado suficientemente a la población sobre el TLC, y este además no afectaría a los indígenas."Este tratado en sí no es que afecte o no afecte a un sector, simple y sencillamente es un tratado de libre comercio, es un instrumento comercial en el nivel mundial utilizado y que el país puede sacarle punta siempre y cuando el país haga lo que debe hacer en agenda de desarrollo y en competitividad", explicó Arguedas.
FALTA DE RESPETO
A pesar de los desacuerdos que muestran en otros temas (ver nota aparte), los líderes indígenas mostraron su molestia e indignación ante la decisión de los legisladores de obviar la obligación que tiene Costa Rica desde que ratificó el Convenio 169 en 1992. A pesar de los argumentos de los diputados, los diferentes líderes indígenas mostraron su molestia por el rechazo a la consulta, pues consideran que el TLC sí afecta sus vidas y territorios. El presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Genaro Gutiérrez, comentó que con esta resolución, la Comisión de Internacionales no solo ignoró los derechos indígenas, sino también faltó el respeto a su pueblo."No puede ser que un TLC vaya a pasar y cuando nos dimos cuenta nos vendieron todo", dijo Gutiérrez. Odir Blanco, director ejecutivo de la CONAI, calificó de "falso" el argumento de los diputados referente a que la consulta del TLC a los indígenas, no era necesaria, ya que este no los afectaría. "Es falso, los que dicen eso son personas ignorantes, no conocen la tradición, la cultura indígena y mucho menos las leyes. El TLC debe llevarse a las comunidades indígenas", expresó Blanco. Geiner Blanco, representante de la Mesa Nacional Indígena, aseguró que la Asamblea Legislativa se contradice, ya que ha sometido a consulta el proyecto de "Ley de Desarrollo Autónomo" y el mismo criterio debería utilizar en cuanto al TLC. El representante de la mesa dijo que habrá consecuencias para los pueblos indígenas y por tanto deberá consultarse en un proceso similar a la consulta sobre el proyecto de ley, explicó. "Sabemos que aquí hay intereses muchísimo más fuertes, pero la Asamblea no puede desdecirse del hecho de consultar el TLC, puesto que la línea argumental puede ser la misma, hay una afectación directa", sentenció.
SIN CONSULTA, NO VALE
Cristina Zeledón y Javier Rodríguez, del Programa Indígena del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) dijeron a UNIVERSIDAD que existe obligatoriedad legal de la consulta a los pueblos indígenas.
"Obviamente el TLC les afecta y cualquier cosa que afecte a los pueblos indígenas, , tendría que ser consultado, según el 169. Ahora, ¿qué toca a los pueblos indígenas?. Lo que tienen que hacer es meter un recurso contra esa decisión, pero ya eso es una cuestión que entraría en un proceso jurídico", comentó Zeledón.
Según Javier Rodríguez, existen antecedentes de proyectos y licitaciones internacionales que fueron anuladas por la Sala Constitucional por la no consulta a los pueblos indígenas.
"Hay antecedentes como la ley de explotación petrolera en la zona atlántica, donde la falta de consulta a esa población, invalidó una licitación internacional. O sea, exactamente por los mismos criterios que incluye este TLC, la Sala Constitucional lo anuló", explicó Rodríguez.
Rubén Chacón, especialista en derecho indígena del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), es del criterio de que si bien el TLC no dice nada concreto sobre los pueblos indígenas, estos se verán afectados por los efectos colaterales, y por tanto, habría que esperar a que se presenten acciones concretas para impugnar el tratado.
Aunque considera que legalmente la consulta es obligatoria, Chacón indicó que existe un lado positivo, ya que si no se hace la consulta, el TLC no puede tener efecto alguno dentro de los territorios indígenas."El decidir que no hace la consulta es casi liberar a los territorios indígenas de la aplicación de cualquier efecto directo...Los indígenas tienen más herramientas jurídicas para detener actividades productivas en sus tierras que nosotros en nuestros barrios", comentó Chacón.
El abogado insistió en que la Comisión de Asuntos Internacionales debería poner un pie de página al TLC, donde se señale que en los territorios indígenas existe una normativa específica que podría contradecir los términos del tratado.
Sin embargo, el jurista aclaró que no deben hacerse muchas ilusiones en cuanto a que el TLC no afecte a los indígenas, ya que para esto se requiere de un sistema jurídico solvente, y en el caso de los primeros pobladores, el sistema costarricense ha demostrado todas sus ineficiencias.
5.9.06
LA UNA, EL TLC Y EL CONGRESO
El día 4 de setiembre en horas de la noche miembros de nuestro Consejo
Universitario (Dr. Olman Segura, Rector; Licda. Sandra León, Vicerrectora
Académica; Dr. Albino Chacón; estudiante Emil Martínez de la FEUNA y el Dr.
Henry Mora, como invitado especial) comparecieron ante la Comisión de
Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa para afirmar y ampliar la
posición de la Universidad en relación con el Tratado de Libre Comercio.
Acompañados de una buena cantidad de estudiantes, quienes desde las barras
expresaban también su posición mediante carteles y leyendas, los miembros
del Consejo explicaron detalladamente porqué el actual Tratado es lesivo en
muchos ámbitos de aplicación para el país y porqué no debe aprobarse.
Debo decir que conforme avanzaba la presentación, conforme el Rector de la
UNA y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, planteaban las tesis
principales, así como la vehemencia de don Albino Chacón y la posición de
doña Sandra y Emil se afirmaban, me fui sintiendo convocado y metido de
lleno en una pelea que de veras va más allá de un simple estar en contra de
un Tratado Comercial. En esos momentos recordé a Martí, algunas cosas de
Octavio Paz ("...en las circunstancias actuales la carrera hacia el
desarrollo es mera prisa por condenarse...") y recordé nuestras frecuentes y
multitudinarias marchas en la década de los setentas. Todo eso me obligó a
reflexionar que en realidad lo que en el fondo afirma y defiende la UNA,
como también otras instituciones y sectores sociales, no es un difuso
derecho al berreo o una ideología que ve hacia el pasado, sino la urgencia,
la obligación moral de luchar por una sociedad donde "la calidad de la
existencia humana sea la medida última del desarrollo" (Alan Berg).
Queremos, y quedó expuesto en las palabras de Emil y Albino, ver el
desarrollo del país como algo más que un desarrollo económico, que podamos
pensar una sociedad donde el arte, los recursos hídricos, el ambiente, la
educación, la salud, no sean metidos más de lo que ya están dentro del ciclo
comercial por la voracidad de cierto capital nacional y transnacional que
perdieron desde hace mucho la noción de realidad. Lo que se defendió el día
de ayer, lo que se afirmó en el primer poder de la República, fue un sueño:
el sueño de una sociedad posible que asuma plenamente la responsabilidad de
elaborar sus propias rutas, de construir sus propias alternativas de
desarrollo incluyente. Sutilmente capté que este país está, como ahí se
dijo, realmente escindido, realmente fracturado. Por un lado los voraces que
bajo la ideología de un desarrollo abstracto (mayor empleo, mayor comercio,
mayor inversión...) hacen todo lo posible por meter todo, hasta nuestras
necesidades de futuro dentro del mercado transnacional y quienes, por otro
lado, afirmamos que es insostenible el actual esquema de desarrollo, que es
inviable la forma en que se quiere participar de una globalización que como
ya se ha dicho muchas veces es la globalización del capital, donde el
capital, asfixiado por la competencia global y por la inestabilidad social y
política, busca nuevas fuentes de ganancia, a costa de la propia
sobrevivencia de lo vivo. Esa globalización no es la globalización ni del
empleo ni de la seguridad social, ni de la educación ni de la salud.
Contra ese esquema se afirmó la UNA el día de ayer. Esto nos obliga,
indudablemente, a incorporarnos plenamente a una lucha durísima, lucha que,
se anuncia, va probablemente a llevarnos a las calles, a menos que los
diputados, inteligentemente, decidan no aprobar el Tratado. Pero ayer mismo,
mientras se transmitía la comparecencia, un canal privado pasaba cortos
sobre las bondades del Tratado, donde por cierto se utiliza a trabajadores
del textil, que se ven en el fondo de la imagen, cosiendo prendas al estilo
de la primera escena de Tiempos Modernos de Chaplin. Por esta razón en este
mes de la independencia no podemos caer en la tentación de defender una
independencia ideologizada, que querrán utilizar para decirnos que nuestra
segunda independencia sólo es posible con la aprobación del Tratado.
Felicito sinceramente a los miembros de nuestro Consejo Universitario y al
invitado especial que comparecieron ante la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Asamblea legislativa. Siento que fueron consecuentes
con el sentimiento de la mayoría de este país que a pesar de los medios de
comunicación en el fondo saben que el Tratado es, como dijo Merino, más de
los mismo: ganancia desmesurada de unos pocos y profundización de las
asimetrías.
Gerardo Morales
gmorales@una.ac.cr
Universitario (Dr. Olman Segura, Rector; Licda. Sandra León, Vicerrectora
Académica; Dr. Albino Chacón; estudiante Emil Martínez de la FEUNA y el Dr.
Henry Mora, como invitado especial) comparecieron ante la Comisión de
Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa para afirmar y ampliar la
posición de la Universidad en relación con el Tratado de Libre Comercio.
Acompañados de una buena cantidad de estudiantes, quienes desde las barras
expresaban también su posición mediante carteles y leyendas, los miembros
del Consejo explicaron detalladamente porqué el actual Tratado es lesivo en
muchos ámbitos de aplicación para el país y porqué no debe aprobarse.
Debo decir que conforme avanzaba la presentación, conforme el Rector de la
UNA y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, planteaban las tesis
principales, así como la vehemencia de don Albino Chacón y la posición de
doña Sandra y Emil se afirmaban, me fui sintiendo convocado y metido de
lleno en una pelea que de veras va más allá de un simple estar en contra de
un Tratado Comercial. En esos momentos recordé a Martí, algunas cosas de
Octavio Paz ("...en las circunstancias actuales la carrera hacia el
desarrollo es mera prisa por condenarse...") y recordé nuestras frecuentes y
multitudinarias marchas en la década de los setentas. Todo eso me obligó a
reflexionar que en realidad lo que en el fondo afirma y defiende la UNA,
como también otras instituciones y sectores sociales, no es un difuso
derecho al berreo o una ideología que ve hacia el pasado, sino la urgencia,
la obligación moral de luchar por una sociedad donde "la calidad de la
existencia humana sea la medida última del desarrollo" (Alan Berg).
Queremos, y quedó expuesto en las palabras de Emil y Albino, ver el
desarrollo del país como algo más que un desarrollo económico, que podamos
pensar una sociedad donde el arte, los recursos hídricos, el ambiente, la
educación, la salud, no sean metidos más de lo que ya están dentro del ciclo
comercial por la voracidad de cierto capital nacional y transnacional que
perdieron desde hace mucho la noción de realidad. Lo que se defendió el día
de ayer, lo que se afirmó en el primer poder de la República, fue un sueño:
el sueño de una sociedad posible que asuma plenamente la responsabilidad de
elaborar sus propias rutas, de construir sus propias alternativas de
desarrollo incluyente. Sutilmente capté que este país está, como ahí se
dijo, realmente escindido, realmente fracturado. Por un lado los voraces que
bajo la ideología de un desarrollo abstracto (mayor empleo, mayor comercio,
mayor inversión...) hacen todo lo posible por meter todo, hasta nuestras
necesidades de futuro dentro del mercado transnacional y quienes, por otro
lado, afirmamos que es insostenible el actual esquema de desarrollo, que es
inviable la forma en que se quiere participar de una globalización que como
ya se ha dicho muchas veces es la globalización del capital, donde el
capital, asfixiado por la competencia global y por la inestabilidad social y
política, busca nuevas fuentes de ganancia, a costa de la propia
sobrevivencia de lo vivo. Esa globalización no es la globalización ni del
empleo ni de la seguridad social, ni de la educación ni de la salud.
Contra ese esquema se afirmó la UNA el día de ayer. Esto nos obliga,
indudablemente, a incorporarnos plenamente a una lucha durísima, lucha que,
se anuncia, va probablemente a llevarnos a las calles, a menos que los
diputados, inteligentemente, decidan no aprobar el Tratado. Pero ayer mismo,
mientras se transmitía la comparecencia, un canal privado pasaba cortos
sobre las bondades del Tratado, donde por cierto se utiliza a trabajadores
del textil, que se ven en el fondo de la imagen, cosiendo prendas al estilo
de la primera escena de Tiempos Modernos de Chaplin. Por esta razón en este
mes de la independencia no podemos caer en la tentación de defender una
independencia ideologizada, que querrán utilizar para decirnos que nuestra
segunda independencia sólo es posible con la aprobación del Tratado.
Felicito sinceramente a los miembros de nuestro Consejo Universitario y al
invitado especial que comparecieron ante la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Asamblea legislativa. Siento que fueron consecuentes
con el sentimiento de la mayoría de este país que a pesar de los medios de
comunicación en el fondo saben que el Tratado es, como dijo Merino, más de
los mismo: ganancia desmesurada de unos pocos y profundización de las
asimetrías.
Gerardo Morales
gmorales@una.ac.cr
