21.6.06
Costa Rica necesita Agenda de Desarrollo no el TLC
· ANEP: “Si no se escucha al pueblo no habrá gobernabilidad”
· ANEP retó al Ministro Marco Vinicio Ruiz para debatir sobre el tema de empleo
· Diputados a favor del TLC no rebatieron exposición del estudio EL TLC y el empleo en Costa Rica
“El TLC, así como está, no puede ser votado” enfatizó Albino Vargas secretario general de la ANEP.
“El éxito de los Tigres Asiáticos fue que primero se consolidaron y luego abrieron sus mercados, no a la inversa”, dijo el abogado de ANEP, Mauricio Castro al comparar esa realidad con la de nuestro país frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El TLC y el empleo en Costa Rica , estudio que presentó ANEP en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Internacionales, refuta la promesa publicitaria de que con el TLC se creará medio millón de empleos. “No hay una relación directa entre la Inversión Extranjera Directa y la generación de empleo, la prueba es que en las zonas francas se generan 34 mil puestos de trabajo, lo que representa solo el 2.5% de la población ocupada” explicó Castro.
Datos obtenidos del COMEX muestran que ante una eventual entrada en vigencia del TLC, se crearían 18.750 empleos en seis años, lo que significa 3.125 por año.
Además, la presión que tendrán las empresas para desarrollar una mejor y mayor producción, con la menor cantidad posible de costos, obligará al mercado a ofrecer menores salarios y puestos informales de trabajo para evitar el pago de garantías laborales, lo que reducirá los ingresos de la CCSS.
En su comparecencia, los representantes de ANEP desmintieron que la no ratificación del Tratado ponga en riesgo miles de empleos existentes porque este TLC lo único que hace es asegurar las condiciones comerciales ya existentes entre nuestro país y Estados Unidos, por lo que las exportaciones no aumentarían
“El acceso comercial a ese país se mantiene como hasta el momento. La diferencia es que Costa Rica tendrá que aceptar productos que en Estados Unidos gozan de subsidios, lo que aniquilará a los pequeños y medianos productores nacionales porque se trata de una competencia desleal”, agregó Juliana Martínez, investigadora y miembro de ANEP.
Para Albino Vargas, lo que sí se pone en riesgo es la calidad de la educación, servicios públicos y cientos de puestos de trabajo en el sector público porque el Gobierno dejaría de percibir ¢60 mil millones, debido a la disminución arancelaria que conlleva el TLC.
Pese a que los representantes de ANEP tuvieron más tiempo para exponer, a diferencia de las sesiones anteriores, el lapso para preguntas y respuestas no fue suficiente. “Tengo la esperanza que la presidencia de la Comisión cambie el mecanismo con que se realizan estas comparecencias, porque no son un simple requisito, se trata de una discusión seria y profunda del tema más trascendental de los últimos años”, dijo la diputada del PAC Elizabeth Fonseca.
Por su parte el legislador Ronald Solís mostró con disconformidad porque el tiempo asignado no fue suficiente para que los expositores le respondieran. “Para la presidenta es suficiente con que los invitados envíen sus respuestas por escrito para incorporarlas al expediente, para nosotros es necesario que los costarricenses conozcan las posiciones a favor y en contra para que tomen una decisión con fundamento”, agregó Solís.
El diputado Francisco Molina criticó que pese a ser la cuarta comparecencia, todavía la presidenta de la comisión no ha logrado llegar a un acuerdo con el SINART para la transmisión de las sesiones. “Incluso planteamos a la Comisión la posibilidad de transmitir en diferido pero hasta el momento se cuenta con las grabaciones y no se dan a conocer”, dijo Molina.
Además el texto del TLC que se discute en la Asamblea Legislativa no es el que está vigente porque ya fue reformado por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, según lo denunció el diputado Merino del Río. Con esta reforma, del párrafo segundo del Artículo 22.5, hecha el 10 de marzo pasado, Estados Unidos obliga al otro país a efectuar cambios en su legislación para que entre a regir el TLC, sin consultar ni a la población ni al Poder Legislativo.
· ANEP retó al Ministro Marco Vinicio Ruiz para debatir sobre el tema de empleo
· Diputados a favor del TLC no rebatieron exposición del estudio EL TLC y el empleo en Costa Rica
“El TLC, así como está, no puede ser votado” enfatizó Albino Vargas secretario general de la ANEP.
“El éxito de los Tigres Asiáticos fue que primero se consolidaron y luego abrieron sus mercados, no a la inversa”, dijo el abogado de ANEP, Mauricio Castro al comparar esa realidad con la de nuestro país frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El TLC y el empleo en Costa Rica , estudio que presentó ANEP en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Internacionales, refuta la promesa publicitaria de que con el TLC se creará medio millón de empleos. “No hay una relación directa entre la Inversión Extranjera Directa y la generación de empleo, la prueba es que en las zonas francas se generan 34 mil puestos de trabajo, lo que representa solo el 2.5% de la población ocupada” explicó Castro.
Datos obtenidos del COMEX muestran que ante una eventual entrada en vigencia del TLC, se crearían 18.750 empleos en seis años, lo que significa 3.125 por año.
Además, la presión que tendrán las empresas para desarrollar una mejor y mayor producción, con la menor cantidad posible de costos, obligará al mercado a ofrecer menores salarios y puestos informales de trabajo para evitar el pago de garantías laborales, lo que reducirá los ingresos de la CCSS.
En su comparecencia, los representantes de ANEP desmintieron que la no ratificación del Tratado ponga en riesgo miles de empleos existentes porque este TLC lo único que hace es asegurar las condiciones comerciales ya existentes entre nuestro país y Estados Unidos, por lo que las exportaciones no aumentarían
“El acceso comercial a ese país se mantiene como hasta el momento. La diferencia es que Costa Rica tendrá que aceptar productos que en Estados Unidos gozan de subsidios, lo que aniquilará a los pequeños y medianos productores nacionales porque se trata de una competencia desleal”, agregó Juliana Martínez, investigadora y miembro de ANEP.
Para Albino Vargas, lo que sí se pone en riesgo es la calidad de la educación, servicios públicos y cientos de puestos de trabajo en el sector público porque el Gobierno dejaría de percibir ¢60 mil millones, debido a la disminución arancelaria que conlleva el TLC.
Pese a que los representantes de ANEP tuvieron más tiempo para exponer, a diferencia de las sesiones anteriores, el lapso para preguntas y respuestas no fue suficiente. “Tengo la esperanza que la presidencia de la Comisión cambie el mecanismo con que se realizan estas comparecencias, porque no son un simple requisito, se trata de una discusión seria y profunda del tema más trascendental de los últimos años”, dijo la diputada del PAC Elizabeth Fonseca.
Por su parte el legislador Ronald Solís mostró con disconformidad porque el tiempo asignado no fue suficiente para que los expositores le respondieran. “Para la presidenta es suficiente con que los invitados envíen sus respuestas por escrito para incorporarlas al expediente, para nosotros es necesario que los costarricenses conozcan las posiciones a favor y en contra para que tomen una decisión con fundamento”, agregó Solís.
El diputado Francisco Molina criticó que pese a ser la cuarta comparecencia, todavía la presidenta de la comisión no ha logrado llegar a un acuerdo con el SINART para la transmisión de las sesiones. “Incluso planteamos a la Comisión la posibilidad de transmitir en diferido pero hasta el momento se cuenta con las grabaciones y no se dan a conocer”, dijo Molina.
Además el texto del TLC que se discute en la Asamblea Legislativa no es el que está vigente porque ya fue reformado por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, según lo denunció el diputado Merino del Río. Con esta reforma, del párrafo segundo del Artículo 22.5, hecha el 10 de marzo pasado, Estados Unidos obliga al otro país a efectuar cambios en su legislación para que entre a regir el TLC, sin consultar ni a la población ni al Poder Legislativo.
